Con motivo de conmemorarse los 70 años de la gratuidad universitaria en Argentina, el 22 de octubre se realizó en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Veterinarias en General Pico una conferencia organizada por la Secretaría de Cultura y Extensión de la UNLPam. Mauro Benente, director del Instituto Interdisciplinario de Estudios Constitucionales de la Universidad Nacional de José C. Paz, disertó sobre “La Educación Superior como derecho humano y como bien público social”.

Participaron de la actividad el abogado Francisco Bompadre, de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, quien se refirió al marco legislativo que avaló el derecho a la educación entre 2003 y 2015, y Shirley Guzmán, profesora en Educación Inicial y egresada de la UNLPam.

Benente se refirió a la idea de gratuidad de los estudios universitarios desde dos perspectivas: una conceptual y otra histórica. Por una parte, trazó una matriz teórica acerca de los estudios superiores y, por la otra, hizo hincapié en los principales hitos que tuvieron lugar en nuestro país en relación al arancelamiento y a los cambios que experimentó a lo largo de los años. En ese sentido, el momento clave fue el 22 de noviembre de 1949 cuando el entonces presidente Juan Domingo Perón firmó el Decreto 29.337 de Supresión de Aranceles Universitarios.

DERECHO HUMANO

En su alocución, el especialista tomó como punto de partida la idea de la educación superior como un derecho humano y, también, como un bien público y social. Ello, sostuvo, se opone “a la idea de educación social como un servicio que sea transable en el mercado”.

Al respecto, recordó lo estipulado en la Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe. “Se trata de una reunión en el marco de la Unesco, donde las universidades públicas y privadas de la región se encuentran para reflexionar y pensar las políticas públicas universitarias. En el segundo encuentro en Cartagena de Indias, en 2008, se llegó a la fórmula según la cual la educación superior es un derecho humano, un bien público y un deber de los Estados”, relató.

Ello quedó ratificado en la tercera edición, que tuvo lugar en Córdoba en 2008. En esa ocasión, además, “se agregó la idea de pensar al conocimiento como un bien que sirva para profundizar la garantía de los derechos humanos y para el buen vivir y para la emancipación de los pueblos”. Mauro Benente reafirmó la idea de que el conocimiento siempre se produce en común.

Es decir, se trata de una producción colectiva, no individual. Y en un contexto de mercado donde pareciera que todo se compra y se vende, planteó como necesaria la reflexión sobre los desafíos que enfrentan las universidades. “Si es cierta la hipótesis según la cual lo que más genera valor en la actualidad es sobre todo el conocimiento, esto debería hacernos repensar el funcionamiento de una de las instituciones que produce conocimiento, que es la universidad. Frente a este capitalismo cognitivo, la apuesta tiene que ser que esos conocimientos que se generen se aprovechen y se gestionen también en común”, opinó.

EL ESTADO

El investigador también hizo un análisis de las funciones que le competen al Estado y el modo en que se vincula con los centros de estudios superiores. Sobre este punto, señaló la relevancia de analizar el concepto de autonomía, al que calificó como “uno de los grandes valores de la universidad”, sobre todo después de la Reforma de 1918. Ante algunas vertientes teóricas que dan cuenta de un despotismo estatal casi constante, Benente sostuvo que ello no siempre es así y ejemplificó con la experiencia argentina entre 2003 y 2015.

En relación a este periodo afirmó: “Aquí el Estado no fue un peligro para las políticas universitarias, sino que hubo una expansión de las mismas gracias a la propia acción estatal”. Asimismo, dijo que los saberes generan relaciones de poder y que es responsabilidad de la universidad disputar las verdades que, en ocasiones, se generan en otros espacios como los medios de comunicación y atentan contra la idea de colectividad y autonomía.

“Son verdades que tienen efectos de poder y condicionan nuestras acciones, no necesariamente de una manera vinculada a la libertad o la igualdad. La universidad debe hacerse cargo de construir un discurso, un conocimiento en vistas de la emancipación”, argumentó. Ello, a su entender, pretenderá dar batalla a quienes pretenden hacer de la educación superior “un servicio transable en el mercado”. En no pocas ocasiones los conocimientos producidos en la universidad son apropiados por empresas trasnacionales con fines de lucro. Por eso es necesario recordar que es el pueblo el que “tiene derecho a apropiarse en común de aquello que se genere en el marco de la universidad”.

PRIVILEGIOS

En un recorrido histórico, Benente recordó que la universidad en Argentina fue pensada como un “mecanismo de reproducción de destinos”. Es decir, solo unas pocas personas (varones, principalmente) podían ser parte de esa elite económica, política y cultural que tenía la posibilidad de ingresar a la universidad y pagar sus aranceles.

“Esa fue la manera en la cual se pensó la universidad, tanto en América Latina como en Europa: no como un dispositivo para igualar, sino como un dispositivo para remarcar y reproducir las diferencias existentes”, explicó. Añadió que el primer momento en la Argentina donde la universidad se empezó a pensar, no como un dispositivo para reproducir los destinos sino para modificarlos, fue la reforma de 1918.

En esa ocasión, aunque se obtuvieron mejoras significativas para la educación superior, el tema de la gratuidad no estuvo presente. Fue recién durante el gobierno de Perón cuando empezó a contemplarse con fuerza la idea de quitar el arancelamiento de las universidades. Luego de algunos proyectos que contemplaban instancias intermedias como la gratuidad parcial, becas y otros mecanismos, finalmente el 22 de noviembre de 1949 los estudios superiores pasan a ser gratuitos.

El peronismo, como se puede observar, promueve la idea de abrir las universidades al pueblo y democratizarlas. Desde ese momento hasta la actualidad, con los diferentes gobiernos se llevaron a cabo modificaciones legislativas que afectaron el acceso y la gratuidad. Ello finalmente fue desterrado en la legislación argentina en 2015, cuando se adhiere a la idea según la cual la universidad y la educación superior no son un servicio sino un derecho, por lo cual no deben existir aranceles. A modo de cierre, Benente remarcó la importancia de pensar a la universidad desde lo común y desde una premisa emancipatoria de conocimientos.

“Una de las grandes misiones que tenemos en la actualidad es pensar la noción de educación superior como bien público y social, desde un marco conceptual que no pueda ser confundido con quienes piensan que se trata de un servicio. Es un derecho humano”, concluyó.

María Soledad García. Comunicadora social

 

La UNLPam mantiene su compromiso

gratuidad2La UNLPam ha organizado diversas actividades por la conmemoración de los 70 años de la gratuidad de la educación superior. Entre ellas podemos mencionar charlas, debates y diversos eventos artísticos que contaron con un amplio marco de público.

Por otra parte, cabe destacar que, en un contexto generalizado de crisis y desfinanciamiento que afecta a todas las instituciones educativas del país, la UNLPam ha mantenido su compromiso y ha continuado apostando a las y los jóvenes que aquí se forman.

Se han sostenido los servicios y becas existentes para garantizar la permanencia de las y los estudiantes. En ese sentido podemos mencionar las becas de comedor, servicio de transporte gratuito, deportes, salud y otras ayudas económicas. La Universidad Nacional de La Pampa entiende que la educación es un derecho fundamental de las personas y que es imprescindible brindar las condiciones que fomenten una verdadera democratización de la enseñanza y el aprendizaje.