La influencia del derecho en las decisiones de salud sexual y reproductiva de las mujeres ha sido materia de estudio reciente en Argentina a propósito de los debates por la despenalización del aborto. Sin embargo, aquello consignado en las normas, ha repercutido históricamente en el modo en que todas las personas encaramos nuestras experiencias sexuales y reproductivas. De ahí la importancia de adelantar investigaciones acerca de los alcances y enfoques de lo legislado en vinculación estrecha con las luchas sociales por el reconocimiento y concreción de los derechos de todos los ciudadanos a decidir con autonomía e información sobre sus vidas y sus cuerpos.

En la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, las personas que integran el proyecto “Derechos humanos, sistemas internacionales de protección y políticas públicas. Experiencias y retos desde La Pampa”, estamos interesadas en monitorear los avances de la provincia en materia de Derechos Sexuales, Reproductivos y No Reproductivos (DSRyNR), entre otras líneas de investigación.

Antes de exponer algunos de nuestros hallazgos, es importante aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de este tipo de derechos. De manera esquemática, podemos definir los DSRyNR como un concepto que incluye tres aspectos: la seguridad en la reproducción y los eventos relacionados con ella; la anticoncepción e interrupción del embarazo, o aspectos de la opción no reproductiva; y el ejercicio libre e informado de la sexualidad. Esta definición es el producto histórico de diversas luchas libradas a nivel global.

Al mismo tiempo, el concepto de DSRyNR fija un posicionamiento crítico frente al modo en que los Estados han abordado tradicionalmente los temas de la salud sexual y reproductiva en sus políticas públicas. Por ejemplo, cuando definen como destinatarias exclusivas de intervención a las mujeres adultas, heterosexuales y en pareja. O cuando reproducen las jerarquías de género tradicionales, haciendo que las mujeres solo importemos en tanto madres y reproductoras. O cuando omiten el derecho de todos los pacientes a decidir de manera autónoma e informada sin importar su edad, etnia, género o condición social.
Los DSRyNR son importantes, entonces, porque nutren el debate acerca de los deberes del Estado y sus efectores con la sexualidad y la vida reproductiva de otras poblaciones como los varones, los colectivos LGTBIQ, los niños, niñas y adolescentes y los ancianos y ancianas.

EN LA PAMPA

Desde comienzos de los noventa, la provincia de La Pampa ha sido pionera en la aprobación de leyes y resoluciones en materia de derechos sexuales y reproductivos.

En nuestro proyecto nos concentramos en el análisis del componente no reproductivo de este plexo normativo: anticoncepción e interrupción legal del embarazo. El barrido histórico nos mostró un camino sinuoso y conflictivo hacia la liberalización gradual de estos derechos, que ha logrado algunos cambios en lo que por décadas fue una regulación restrictiva intocable.

El modelo de tres causales (riesgo para la vida, riesgo para la salud y violación), dirimido por el fallo “F.A.L. s/medida autosatisfactiva” en 2012, y el paradigma de salud integral suscrito por las autoridades de Salud de la provincia, sumados a la discusión pública por la despenalización del aborto, han tenido efectos positivos para la ampliación de derechos. Así, se ha alcanzado un consenso general en torno a la causal violación y se ha podido disminuir la criminalización social de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Además se ha empezado a poner coto al aborto clandestino gracias a la acción de la Red de Profesionales del sistema público y organizaciones de la sociedad civil como el Foro Pampeano y las Socorristas en Red, entre otras. Estos actores han sabido identificar y disminuir las barreras de acceso y los obstáculos a la efectivización de derechos, como muestran los cambios operados en el Protocolo de 2012 y la Guía de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de 2018.

No obstante este avance, persisten barreras formales e informales a la ILE que ameritan una mayor acción estatal en materia de consecuencias administrativas, civiles e incluso penales frente a casos de responsabilidad por obstrucción y/o falta de provisión de servicios, y conforman un contexto que sigue dificultando el pleno ejercicio del derecho a optar por la interrupción del embarazo.

Con todo, el desarrollo de la política de formación sanitaria en el último año, la vigilancia constante de las organizaciones civiles y profesionales comprometidas con el derecho a decidir, ofrecen argumentos que permiten afirmar que La Pampa se halla más cerca de asegurar el acceso seguro, oportuno y efectivo a los abortos legales y la vigencia de los DSRyNR que otras provincias de la Argentina.

Gina Paola Rodríguez. Centro de Investigaciones en Ciencias Jurídicas, Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas

Integrantes del proyecto “Derechos humanos, sistemas internacionales de protección y políticas públicas. Experiencias y retos desde La Pampa”: Directora: Cecilia Bertolé; co-directoras: Lucía Colombato y Gina Paola Rodriíuez; investigadorxs: Esteban Torroba y Georgina Bonivardo; asistentes de investigación: Ivana Barneix y Yasmin Alvarez.

Foto: Foro Pampeano por el derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito