La violencia contra las mujeres y las diversidades sexo-genéricas es una de las violaciones de los derechos humanos más sistemáticas y extendidas a nivel global.
Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 35% de las mujeres en el mundo han sufrido, en algún momento de su vida, violencia física o sexual infligida por sus parejas o violencia sexual por parte de otras personas.
En Argentina, el registro único de casos del INDEC reportó 576.360 hechos de violencia contra las mujeres por motivos de género entre 2013 y 2018. Vale aclarar que este registro sólo corresponde a las violencias visibilizadas a través de denuncias, consultas, pedidos de asistencia o asesoramiento realizados por las mujeres e informados al INDEC en este periodo, por lo que subsiste una cifra negra oculta a la mirada estatal.
En el caso de las violencias contra población LGTBIQ+ la ausencia y opacidad de la información es aún mayor. Los datos relevados por el INDEC, a través de la Encuesta Nacional sobre población Trans en el año 2012, constituyen el único soporte de referencia en la materia.
La importancia de realizar estudios acerca de los casos de violencia por motivos de género va más allá del hecho estadístico, para vincularse con la necesidad de identificar las barreras y obstáculos a los que se enfrentan las personas victimizadas para acceder a la justicia.
APORTES
Para avanzar en esta perspectiva, un equipo del Centro de Investigaciones en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, investiga actualmente las condiciones de acceso a la justicia de las personas que han atravesado situaciones de violencia por motivos de género y/u orientación sexual.
El proyecto tiene como objetivo caracterizar y comprender las experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ que han judicializado, o no, situaciones de este tipo en La Pampa, dando cuenta de su recorrido hacia la búsqueda de justicia y reparación de sus derechos, y de la respuesta otorgada por el sistema de administración de justicia.
Entendemos que el acceso a la justicia implica el acceso de jure y de facto a instancias y recursos judiciales de protección frente a actos de violencia, por lo que no se limita a la existencia formal de recursos judiciales. Por otro lado, debe atender a las exigencias en materia de debida diligencia definidas en los marcos jurídicos nacionales e internacionales.
En tal sentido, los resultados arrojados por esta investigación serán aportes clave para analizar la relación entre sistemas de justicia y violencias de género en La Pampa. Además, pueden constituir un avance en el análisis de los mecanismos para investigar, sancionar y reparar las violaciones denunciadas, y su adecuación a las exigencias de no discriminación y trato igualitario contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Nuestra expectativa busca poner el foco en aquellas violencias que tienen lugar en la oscuridad, que se niegan, se ocultan o se resisten a ser contadas. Para ello, nuestro insumo principal será la voz de las personas victimizadas, y junto a ellas, la mirada de las organizaciones sociales de acompañamiento a víctimas y de los operadores estatales vinculados a la judicialización.
Desde ya, es un reto enorme: sacar a la luz las dificultades en el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género, convertirlas en el centro de atención y recomendar medidas para eliminarlas. Confiamos en poder lograrlo.
Gina Paola Rodríguez. Directora del Centro de Investigaciones en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, UNLPam.
(Integran el proyecto radicado en el CICJ: G.P. Rodríguez, directora; Betsabé Policastro, co-directora; Martín García Ongaro, Miriam Lorenzatti y Jonathan Moyano, investigadores).